La alta concentración de este mercado y su asimetría regulatoria respecto al resto de los servicios básicos, fueron dos de los cuatro motivos principales que impulsaron a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a iniciar un estudio del mercado del gas.
Tras casi un año de trabajo, el organismo constató su hipótesis de que este mercado no está funcionando adecuadamente desde una perspectiva competitiva, pero con la convicción de que los precios pueden ser “significativamente menores” a futuro.
El documento de 219 páginas -que está en consulta pública- fue lapidario al analizar el período 2010-2020 en los segmentos de gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural (GN). Por esto, con diagnóstico en mano, la FNE hizo tres recomendaciones al gobierno.
En el mercado del GLP, propone prohibir que las empresas de distribución mayorista de este producto participen, ya sea directa o indirectamente, en la distribución minorista de gas licuado a los consumidores finales. Esto afectaría a los principales actores: Gasco, Abastible y Lipigas.
Y en el mercado del gas natural recomendó precisar el régimen de acceso abierto a las redes, a través de una regulación detallada, y modificar el cálculo de la tasa máxima de rentabilidad de las distribuidoras de gas natural conforme a la ley, de tal modo que la fórmula considere la rentabilidad de todo el grupo económico verticalmente integrado.
El diagnóstico de la FNE fue que, en el mercado de la distribución mayorista de GLP, se ve baja intensidad competitiva y algunos factores estructurales que hacen que el riesgo de coordinación entre competidores sea alto. Y en el de gas natural, las imperfecciones se derivaban principalmente de defectos en la regulación.
Esto último, por ejemplo, al detectar que una excepción en la última reforma a la ley permitió a Metrogas a través de Agesa -una empresa integrada verticalmente y no sujeta a regulación- aumentar el costo de la prestación de su servicio de distribución de GN.
De aplicarse el conjunto de estas recomendaciones, la FNE estima que el impacto sería de US$ 181 millones para los consumidores en el mercado del gas licuado, lo que equivale a un 15% de su precio actual. Mientras, para el gas natural se estima un impacto por entre US$ 78 millones y US$ 87 millones para los clientes de Metrogas.
Investigación de libre competencia
El estudio generó revuelo. El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, pidió a la FNE “que no se quede en el estudio y que haga una investigación formal de éste, que parece ser un nuevo robo a los consumidores”.
“No funciona la libre competencia en el mercado del gas y quien paga nuevamente la cuenta son los consumidores. Como país tenemos que decir ¡basta!”, dijo en el escrito, explicando que es necesaria la investigación formal al no saber si hay acuerdos, negociados o colusiones.
El ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, valoró el informe y aseguró que sus conclusiones “serán un insumo para tomar todas medidas necesarias y perfeccionar la regulación del mercado del gas para asegurar los menores precios e impedir malas prácticas”.
Pero en cuanto se dio a conocer le informe, la comisión investigadora de la libre competencia en el mercado del gas residencial de la Cámara de Diputados se movilizó, convocando a una sesión extraordinaria para el próximo martes a las 15:00 horas. En la cita, donde están convocados Jobet y el Fiscal Nacional Económico, se revisarán las conclusiones y las recomendaciones para que el gobierno las tome.
“La idea principal es buscar mecanismos que permitan regular el precio, pero también la forma en cómo funciona este mercado”, detalló el presidente de la instancia, Miguel Ángel Calisto.
El diputado agrega que sugerirá a la FNE a recurrir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que esta instancia resuelva respecto al alza de precios y el funcionamiento del mercado.
La defensa de las empresas
Las empresas tendrán hasta el 4 de noviembre para presentar sus observaciones de cara al informe definitivo, pero desde ya mostraron sus diferencias.
Abastible fue la primera en comentar los resultados, asegurando que tiene un “férreo compromiso con el bienestar de las comunidades, impulsando y cuidando un desempeño competitivo y transparente”.
Sin embargo, Lipigas subió el tono de la discusión al advertir que las recomendaciones propuestas para el mercado del GLP “no resuelven el principal tema de fondo”.
“Chile importa el GLP que se consume en el país, por lo que el precio local depende directamente del precio internacional, el cual ha aumentado más de 100% solo en los últimos 12 meses”, explicaron.
Gasco puntualizó desde ya que la recomendación relativa a la distribución minorista de GLP “podría terminar perjudicando gravemente la calidad del servicio y también el precio del gas en el país”.
Mientras, Metrogas indicó que están estudiando el contenido del informe y, en caso de que se estime pertinente, se enviarán los comentarios. “Metrogas reafirma su compromiso por entregar un servicio de calidad y a precios competitivos a sus clientes, respetando siempre la normativa vigente”, añadieron.
El precedente que había marcado el TDLC en 2018
Fue en enero de 2018 cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dio la primera señal de alerta respecto del funcionamiento del mercado del gas. Tras dar trámite a una consulta de Conadecus, el organismo ordenó la venta de Gasmar, una sociedad que da servicios de recepción, almacenamiento y despacho de gas licuado.
Para la época, el fallo del tribunal despertó críticas por el tiempo de medidas que se impulsaron ante la consulta -que tiene carácter no contencioso-, ya que incluía además una serie de medidas, como establecer ciertos márgenes a la integración de directorios en Abastible y Metrogas, donde Empresas Copec tiene participación, esto además de restricciones en el traspaso de información.
Con el estudio de ayer, expertos en temas de libre competencia volvieron a recordar la importancia que tuvo ese dictamen.
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